SC10561-2014
Radicación n° 11001-31-10-014-2007-01170-01
(Aprobada en sesión de nueve de junio de dos mil catorce)
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil catorce (2014).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandante, frente a la sentencia de 30 de julio de 2012, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de Rosa Blanca Rojas Gutiérrez contra Albert Fabián Rodríguez Samacá, Diego José y Aida Bibiana Rodríguez Rojas, en su calidad de sucesores de Edilberto de Jesús Rodríguez Aranguren y los demás herederos indeterminados de éste.
Admiten la siguiente síntesis (folios 59 al 87, cuaderno 4):
El que el adquirente en los instrumentos públicos no advirtiera que tenía una unión marital de hecho «de ninguna manera desvirtúa la existencia de la misma» y la negativa a admitirla sólo significaría «una inexistencia de confesión», que se rebate con los testimonios.
Tampoco tiene relevancia la pasividad de la promotora en la sucesión «si se tiene en cuenta que ninguna oposición podía presentar, por la sencilla razón de que hasta ese momento, ninguna condición reconocida tenía la demandante», quien necesariamente debía acudir a las instancias judiciales convocando a todos los herederos del fallecido, incluidos los indeterminados, «cuyo curador no tiene la facultad de conciliar las pretensiones en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 del C.P.C.».
En relación con lo último, «aunque ciertamente no era razón suficiente para desechar el testimonio rendido por la ciudadana Aura María Samacá Samacá, el parentesco que la une con el demandado», éste se desestimó fue por las «incoherencias en las que incurrió», y, el que no se hubieran presentado algunos declarantes, sin culpa del contradictor, no justifica revocar lo decidido en primer grado, siendo que podía superarlo pidiendo citarlos en segunda instancia.
Un solo ataque se formula contra el fallo de segunda instancia, por la vía directa.
Acusa, recta senda, la vulneración de los artículos 1° y 2° de la Ley 54 de 1990, «frente a la interpretación dada en jurisprudencia reiterada vigente de la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria», sobre su aplicación retrospectiva a partir de la sentencia de 28 de octubre de 2005, exp. 2000-00591; «así mismo por interpretación errónea del recurso planteado por el apelante».
Expone, para establecer la falencia, que:
Así lo mantuvo en los fallos de 3 y 22 de noviembre de 2010, exp. 2005-00196 y 2005-00997, y «a la fecha de este recurso permanece intacta».
Así lo expresó la Corte en SC del 15 de noviembre de 2012, rad. 2008-00322), al señalar que
El ataque contra la sentencia del ad quem, cuando se invoca la violación directa de la ley sustancial, requiere de la aceptación de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados y sin que se pueda exteriorizar inconformidad con los medios de convicción obrantes en el plenario, toda vez que la labor argumentativa del censor sólo puede estar orientada a descubrir los falsos juicios sobre las normas materiales que regulan el caso, ya sea por falta de aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, presentándose una interpretación errónea (…) Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesión producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión, en la labor de escogencia y exégesis de la regulación que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador”.
Se trata, en este caso concreto de una referencia intrascendente, y que no tiene alcances para desnaturalizar los requisitos propios de la técnica de esta puntual acusación.
No obstante, estos últimos vínculos empezaron a ganar relevancia jurídica a mediados del siglo pasado. Es así como la Corte, por vía jurisprudencial, le reconoció trascendencia económica al concubinato como realidad social, planteándose en principio la teoría del enriquecimiento sin causa, la cual fue desplazada por el establecimiento de la sociedad civil o comercial de hecho, cuando concurrían los elementos constitutivos de ésta, con prescindencia de generar cualquier efecto personal entre sus integrantes.
A esta nueva figura, representativa de la familia como producto de vínculos naturales, se le confirieron efectos económicos en el artículo segundo, al señalar que de su permanencia por más de dos años se «presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes», asemejada a la sociedad conyugal entre esposos. Eso sí, siempre y cuando no existiera impedimento para celebrar matrimonio entre sus miembros o que, de haberlo, tuvieran disueltas las sociedades de gananciales a título universal previas.
En el citado artículo 1º contempló que el nuevo concepto se tendría en cuenta “a partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles”, aparte que fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-239 de 1994, recalcando que
(…) en cuanto a su vigencia, la ley 54 de 1990 sigue el principio general según el cual la ley rige hacia el futuro. Al respecto, el artículo 9o. de la ley comentada dispone que ésta rige a partir de la fecha de su promulgación (…) Por este aspecto no hay un motivo de inconstitucionalidad. Y si bien se mira, no es un problema de este tipo el que señala el actor, sino uno diferente: de aplicación de la ley en el tiempo. ¿Por qué? Sencillamente porque a su juicio las normas de la ley 54 de 1990 deben aplicarse a relaciones concubinarias que existieron y terminaron antes de entrar en vigencia la ley, lo mismo que a aquellas que comenzaron antes de la vigencia de la ley y se mantuvieron durante ésta (…) Vistas así las cosas, y sin la pretensión de interpretar la ley y definir su aplicación en los casos concretos, misión propia de los jueces competentes y no de la Corte Constitucional, es posible pensar en diversas soluciones, en principio válidas en cuanto no vulneren derechos adquiridos antes de entrar en vigencia la nueva ley (…) Entre paréntesis, y para entender por qué no es misión de la Corte Constitucional determinar cuál es la ley aplicable en un determinado caso, recuérdese que una de las causales del recurso de casación en materia civil es la violación de la ley sustancial, que puede presentarse por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea. Además, recuérdese que, precisamente, por mandato legal la finalidad principal de tal recurso es la unificación de la jurisprudencia, función que cumple la Corte Suprema de Justicia al desatarlo en cada caso en concreto.
Añadió, igualmente, que
Sólo el legislador al dictar una ley, puede establecer su carácter retroactivo. Pero el juez al momento de aplicarla, no puede desconocer las situaciones jurídicas concretas ya consolidadas. Al respeto ha dicho la Corte: "... La retroactividad por regla general, resulta censurable sólo cuando la nueva norma incide sobre los efectos jurídicos ya producidos en virtud de situaciones y actos anteriores, y no por la influencia que pueda tener sobre los derechos en lo que hace a su proyección futura" (Corte Constitucional, sentencia C-511 de 1992. Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz)
Tal criterio se mantuvo en las SC de 25 de septiembre de 2001, 13 de diciembre de 2002, 20 de marzo de 2003 y 9 de marzo de 2004, rad. 5883, 6660, 6726 y 6984.
Sin embargo, con posterioridad se presentó un cambio según SC de 28 de octubre de 2005, rad. 2000-00591-01, en el sentido de que
(…) la Ley 54 de 1990 sí aplica a las uniones maritales que, surgidas con anterioridad a su promulgación, continuaron desarrollándose sin solución de continuidad durante su vigencia -no así a las que para ese momento ya habían fenecido-, por manera que para los efectos de la conformación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, debe tenerse en cuenta la totalidad del tiempo que ellos convivieron, incluido, por supuesto, el anterior al 31 de diciembre de 1990, en el obvio entendido que se verifiquen todos los presupuestos requeridos por la normatividad patria.
Giro que se fundamentó en cinco razones, a saber:
e.-) Al haberse establecido una presunción legal de conformación de la sociedad patrimonial, oponerse a su aplicación desconocería su naturaleza probatoria, por lo que tendría vigencia inmediata en virtud al artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
(…) existen tres escenarios que se pueden presentar de cara a la aplicación de la Ley 54 de 1990: a) el primero, cuando la unión marital nació y también feneció antes de la vigencia de la ley, evento éste en el cual existe un fenómeno fáctico consumado que escapa a la protección del legislador. Por ende, no es posible prevalerse de ese cuerpo normativo, porque ello sería permitir una aplicación retroactiva que no fue expresamente prevista; b) el segundo, cuando se trata de uniones maritales nacidas después de la vigencia de esa normatividad, caso en el cual no hay duda sobre la aplicabilidad de la ley; y c) el tercero, cuando la unión marital comienza antes de la vigencia de la norma y, además, subsiste después de que ésta entró a regir, fenómeno que por efectos de la retrospectividad ya explicada queda comprendido dentro de la regulación normativa.
Tal exégesis, que se sustenta en un pronunciamiento del juzgador de 10 de julio de 2000, época para la cual esa concepción estaba acorde con la que tenía la Corte sobre el particular, desconoce abiertamente los adelantos jurisprudenciales que se dieron a partir del 28 de abril de 2005, cuando se le reconociendo efectos retrospectivos a la Ley 54 de 1990 en relación con las uniones maritales que, iniciadas con antelación al 31 de diciembre de 1990, se finiquitaban con posterioridad.
Como este punto de vista, a pesar de los legítimos disentimientos que puedan darse, es el que prevalece en la actualidad y no existen motivos para modificarlo, prospera la acusación.
Por esa razón y ante el silencio de quien provocó la alzada, a eso se ceñirá la resolución de remplazo, tomando por establecidos los supuestos de hecho del pronunciamiento cuestionado.
Su reconocimiento depende de que se cumplan los presupuestos que señala la norma, esto es, «que el vínculo se haya extendido por más de dos años y, que de estar impedido legalmente uno o ambos compañeros permanentes para contraer matrimonio, hayan disuelto sus sociedades conyugales, así se encuentren ilíquidas».
En cuanto a la sociedad patrimonial, toda vez que el vínculo duró por más de dos (2) años, desde que comenzó hasta el fallecimiento de uno de sus integrantes, fuera de que no se estableció que durante todo ese tiempo alguno de los compañeros tuviera impedimento legal para celebrar nupcias, también amerita respaldo lo decidido sobre ese aspecto.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 30 de julio de 2012, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de Rosa Blanca Rojas Gutiérrez contra Albert Fabián Rodríguez Samacá, Diego José y Aida Bibiana Rodríguez Rojas, en su calidad de sucesores de Edilberto de Jesús Rodríguez Aranguren y los demás herederos indeterminados de éste, en lo que se refiere a la duración de la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, y en sede de instancia
FALLA
Primero: CONFIRMAR la sentencia de 7 de septiembre de 2011, proferida por el Juzgado Catorce de Familia de Bogotá, dentro de este asunto.
Segundo: CONDENAR en costas de segunda instancia al impugnante. Inclúyase en estas la suma de trescientos mil pesos ($300.000) por concepto de agencias en derecho.
Sin costas en casación.
Notifíquese y devuélvase
Me correspondió actuar de ponente en el presente fallo, en el que se casó la sentencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, que, aplicando principios de irretroactividad de las normas jurídicas, estimó que la Ley 54 de 1990 solo tiene efectos a partir de su entrada en vigencia el 31 de diciembre de 1990.
En dos oportunidades anteriores, como consta en las SC de 12 de agosto y 12 de diciembre de 2011, rad. 2005-00997-01 y 2003-01261-01, asuntos que guardan similitud temática a éste, acompañé el salvamento parcial de voto frente a la decisión de la mayoría de la Sala, por considerar que precisamente el criterio que tuvo en cuenta el ad quem era el correcto para el caso de las uniones maritales de hecho cuyo reconocimiento se pedía, pregonando como inició una fecha anterior a la promulgación de la referida ley.
Las razones de disentimiento consistían en que el principio de restrospectividad para estos casos, según la hermenéutica de la Corte desde el 28 de octubre de 2005, estaba en oposición al espíritu de la regulación, que nada dijo al respecto, y, por el contrario, fijó que el concepto de unión marital de hecho no obedecía a un cambio de denominación, sino al surgimiento de una nueva institución familiar en el campo del derecho «a partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles».
Así mismo, que tal lectura constituía «ni más ni menos, una sorpresiva e inopinada afectación de derechos de terceras personas que estaban unidas maritalmente de facto bajo el convencimiento de que entre ellos no surgía ninguna clase de sociedad patrimonial, toda vez que en el momento no existía en el panorama jurídico nacional un ordenamiento normativo que la estableciera ni la regulara».
Sin embargo, al reflexionar el tema concreto aquí planteado, arribo a la conclusión, previo el análisis respectivo, que es más jurídico y se encuentra más acorde con los actuales postulados propios de la familia, en la forma amplia en que lo concibió la Constitución de 1991 (artículo 42), de lo cual, valga decirlo, fue un avance premonitorio la Ley 54 de 1990, lo que ha venido sosteniendo de manera mayoría la jurisprudencia de la Sala desde hace más de una década, cuando se profirió la SC de 28 de octubre de 2005, rad. 2000-00591-01, y que es congruente con los postulados proteccionistas del «núcleo esencial de la sociedad».
En reciente pronunciamiento SC de 5 de agosto de 2013, rad. 2008-00084-02, que en lo esencial transcribo, se resaltó como
La trascendencia social de las relaciones entre seres humanos cuando, partiendo del afecto, se van encaminando a la realización de un proyecto de vida en común, sin que para ello celebren un contrato que los respalde, no ha sido ajena al campo del derecho (…) Es así como esta Corporación desde antaño reconoció, bajo la figura de la sociedad de hecho entre concubinos, las implicaciones económicas por la ruptura de las parejas que, a pesar de no estar casadas, conformaban hombro a hombro un patrimonio, cuya distribución se dificultaba por estar radicado éste en cabeza de uno sólo de sus integrantes o en condiciones de inequidad. No menos importancia revistieron los avances en el área laboral, en donde se lograron coberturas prestacionales que beneficiaron a personas que optaban por vivir al margen de la solemnidad que conlleva el matrimonio (…) Tal evolución jurisprudencial encontró eco en el Congreso, donde se expidió la Ley 54 de 1990 que dio luz a las uniones maritales de hecho y estableció un régimen económico que les es aplicable, bajo iguales parámetros al de las sociedades conyugales (…) Esta novel figura alcanzó mayor connotación con la promulgación de la Constitución Política de 1991, que en su artículo 5° reconoce “sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”; principio reforzado con el 16 que pregona el derecho al libre desarrollo de la personalidad “sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico” y el 42 que recalca, de modo claro y concreto, que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad” y se puede constituir por vínculos naturales si existe la voluntad responsable de conformarla (…) La complejidad con que se manifiesta la interacción de los asociados incidió, incluso, para que la Corte Constitucional en sentencia C-075 de 2007, declarara la exequibilidad condicionada de la ley 54 de 1990, que en su génesis se concibió para las uniones entre un hombre y una mujer, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas del mismo sexo (…) Quiere decir que el ánimo proteccionista de orden superior al entorno familiar que surge de los hechos, antes que ser restringido, obliga al funcionario judicial a realizar un examen minucioso que evite el desamparo de quienes hacen parte de él, máxime cuando hoy en día la conformación del grupo no obedece a patrones preestablecidos, pues, no admite discusión que existe familia tanto en el caso de las parejas de seres humanos de diferente o igual sexo, con o sin hijos; así como en el caso de los padres solteros, viudos, divorciados y sus descendientes, y cualquier otra manifestación que encaje dentro de la órbita Constitucional.
Los fines altruistas que inspiraron el actual enfoque jurisprudencial, sobre la vigencia de la Ley 54 de 1990, coinciden con esos razonamientos y de ninguna manera se vislumbra lesivo de derechos de terceros, como si se tratara de una intromisión en la manifestación de la voluntad, pues, la configuración de lo que antaño se denominaba «concubinato» y la sociedad de hecho derivada del mismo, tal cual acontece actualmente con la «unión marital» y la sociedad patrimonial, no deviene de una manifestación expresa y formal de obligarse recíprocamente o, por el contrario, de abstraerse de ello, sino que es el resultado de los hechos continuos y permanentes con que se refuerzan los lazos de afecto entre sus integrantes, con el fin de brindarse apoyo y socorro mutuos.
La diferencia esencial entre lo que acontecía antes del 31 de diciembre de 1990 y hoy, es que la declaración de la sociedad de hecho entre concubinos surgió de un desarrollo jurisprudencial decantado por la Corte desde mediados del siglo XX, que sirvió de inspiración para que el legislador regulara esos vínculos bajo una denominación que las liberara del estigma social previo, pero que cada vez se asemeja más a las uniones maritales, como lo señaló la Corporación en SC de 12 de diciembre de 2005, rad. 1989-05259-01, al precisar que
Desde su sentencia del 30 de noviembre de 1935, ha venido comulgando la Corte con la tesis de la conformación de sociedades patrimoniales de hecho entre concubinos. En ese sentido, reiteradamente ha sostenido que si bien el concubinato no crea, por sí, una sociedad de la apuntada naturaleza, nada se opone a que al lado de la relación personal extramatrimonial, la pareja coordine sus esfuerzos en un proyecto productivo que desarrollado en pie de igualdad les reporte dividendos comunes, o cuyas pérdidas, si las hay, decidan asumir a la par, gestión de la cual ha juzgado viable inducir el propósito de asociarse, en el cual tiene germen la sociedad que en esa forma habría surgido de los hechos, desde luego, con la conjunción de los restantes elementos indispensables para la conformación de todo ente social (…) Aunque desde sus albores la doctrina elaborada por la Corporación reclamaba deslindar las actividades inmanentes a la vida familiar, de las del proyecto económico que con fines lucrativos emprendieran y desarrollaran los concubinos, para evitar que sirviese de rodela para la incubación o promoción de una forma de relación de pareja que por darse al margen del nexo matrimonial no era bien vista a los ojos del legislador ni de la sociedad, no ha sido ajena la Corte a los cambios que frente a esa clase de unión han venido gestándose, tanto en el orden jurídico como social, que en la hora de ahora ha obtenido su reconocimiento como institución jurídica –Ley 54 de 1990- y como fuente de la familia –artículo 52 de la C. P.- de ahí que haya advertido que hoy por hoy “no puede exigirse, en forma tan radical, para el reconocimiento de la unión de hecho entre concubinos, que la conjunción de aportes comunes, participación en las pérdidas y ganancias y la affectio societatis surja con prescindencia de la unión extramatrimonial y que no tenga por finalidad crear, prolongar o estimular dicha especie de unión, pues, por el contrario en uniones concubinarias con las particularidades de la aquí examinada no puede escindirse tajantemente la relación familiar y la societaria, habida cuenta que sus propósitos económicos pueden estar inmersos en esa comunidad de vida” (Sent. del 27 de junio de 2005).
Desconocer esa realidad, debo expresarlo en este momento en el que me aparto de lo sostenido en sentido contrario en las dos salvamentos parciales de voto referidos, sería tanto como decir que de un momento a otro se produjo una interrupción entre los nexos de la familia natural, pasando los concubinos a ser compañeros permanentes, con prescindencia de los años compartidos, para, a partir de allí, empezar un nuevo trasegar. O, lo que es peor, que quien tenía la connotación de «concubino», no puede ser reconocido como compañero permanente de su pareja porque la convivencia tuvo génesis antes de que se profiriera la Ley 54 de 1990.
Hoy en día existe, tanto por mandato constitucional como legal, una clara, inequívoca e ineludible protección de la familia y de sus diferentes manifestaciones. Cualquier obstrucción o limitación es ajena al derecho y la equidad.
Estas son las razones que explican esta aclaración de voto. Naturalmente, cómo podría ser de otra manera, respeto cualquier posición discrepante, pero reclamo, eso sí, el derecho a reconsiderar lo que hasta hoy venía respaldando.
Fecha ut supra,
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado Ponente
![]()
Corte Suprema de Justicia
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n° 11001-3110-014-2007-01170-01
En consideración a que acojo de manera integral el fallo aprobado para resolver el recurso de casación formulado por la actora frente al fallo de 30 de julio de 2012 proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por Blanca Rojas Gutiérrez contra los sucesores de Edilberto de Jesús Rodríguez Aranguren, debo plasmar algunas reflexiones que me han motivado a replantear el criterio que venía sosteniendo en cuanto a la «aplicación de los efectos y alcances de La Ley 54 de 1990», regulatoria de la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, frente a relaciones de pareja originadas con antelación a la vigencia del citado estatuto y que han pervivido con posterioridad a la misma.
Desde mi llegada a esta Corporación, estimé que no concurrían las presupuestos legales que permitían la «aplicación de los efectos retrospectivos» del reseñado texto jurídico, por lo que en todos los casos en cuya discusión participé, me aparté del criterio mayoritario sobre esa problemática.
Sustenté mi inconformidad esencialmente, en que el artículo 9° del citado ordenamiento, prevé que «la presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias», de donde interpreté que descartaba expresamente su aplicación en el sentido acogido por la mayoría de los integrantes de la Sala, y dado el «postulado universal que la ley expedida formalmente se aplica hacia el futuro por no producir efectos hacia atrás o el pasado, es decir, tiene el carácter de ser irretroactiva», sin que se hubieren contemplado excepciones o que se desprendieran de su tenor literal, como por ejemplo, las de índole interpretativa y las relativas al orden público; así mismo, expuse que aceptar la «retrospectividad», constituía «ni más ni menos, una sorpresiva e inopinada afectación de derechos de terceras personas que estaban unidas maritalmente de facto bajo el convencimiento de que entre ellos no surgía ninguna clase de sociedad patrimonial, toda vez que en el momento no existía en el panorama jurídico nacional un ordenamiento normativo que la estableciera ni la regulara», e igualmente, me apoyé en algunas de las razones esbozadas en la sentencia CSJ SC072, 20 abr. 2001, rad. 5883, en la que se tuvo en cuenta para la decisión la «irretroactividad» del texto legal en comento.
En este momento, advierto que razones inherentes a la constitucionalización del «derecho privado», resaltadas por la doctrina y la jurisprudencia, con especial énfasis en el ámbito del «derecho de familia», me imponen abandonar la idea de continuar auspiciando la denegación de la aplicación retrospectiva de los efectos y alcances de la citada Ley 54 de 1990, dado que en esencia está fundada en una «interpretación gramatical» de la norma jurídica.
Me adhiero al criterio que orienta la sentencia aprobada, porque responde de manera más adecuada a las posibilidades de «protección de la familia» exigida en el artículo 5º de la Constitución Política, en cuanto le brinda amparo como institución básica de la sociedad, mandato reiterado en el canon 42 ídem, que contempla su «protección integral», y de otro lado, porque se propicia de forma expedita el «acceso efectivo a la administración de justicia» (precepto 229 ibídem), además de facilitar la realización de la «justicia en sentido material», con sustento en factores de equidad social.
Lo anterior aparece desarrollado en el fallo, al precisar algunos de los aspectos que identifican o estructuran la tesis en cuestión, de los que se mencionan en lo pertinente, (i) la «protección de la familia constituida por vínculos naturales o jurídicos», (ii) el «propósito de brindar pronta y cumplida tutela a un grupo con precaria o nula protección», (iii) la no «aplicación retroactiva [de la citada Ley], al no estarse desconociendo derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, ya que no existía una normatividad anterior que fuera materia de choque con la expedida», y (iv) el respeto del «postulado de vigencia inmediata, en virtud del cual ‘rigiendo hacia el futuro, cobija necesariamente las situaciones jurídicas en curso, esto es, aquellas que venían desarrollándose con anterioridad a su promulgación y que continúan desdoblándose bajo su imperio’, lo que comúnmente se ha denominado retrospectividad».
Finalmente, cabe acotar que las realidades sociales van imponiendo el moldeamiento de los criterios hermenéuticos acerca de las problemáticas en el Derecho, lo que permite asegurar la vigencia y efectividad de las normas jurídicas, de ahí que el juez no puede permanecer anclado en posiciones que en su momento cumplieron la importante misión de permitir dar respuesta a una determinada controversia, por lo que con la debida ponderación, debe mantener una actitud permeable al cambio, que en el ámbito de la función judicial de administrar justicia, permita «hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en [la Constitución Política y la ley], con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional», paradigmas estos exaltados en el artículo 1º de la Ley 270 de 1996.
Fecha ut supra.
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
Magistrada